Representantes del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Lara (CPV), acudieron a este rotativo para denunciar una serie de acciones que ocurren en los distintos planteles educativos de Barquisimeto y que según sus propias palabras violentan los derechos humanos y legales de los profesionales de la docencia.
Luis Arroyo, presidente del CPV, Javier Ramírez, secretario de Reclamos y Linda García Montserrat, representante de la Mesa de la Unidad de Palavecino y secretaria del buró educativo de AD, acusaron a los representantes de la Zona Educativa de violar el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, la Ley Orgánica de Educación y la Constitución nacional.
Ramírez recordó la supuesta persecución que se mantiene sobre ocho docentes del Liceo Rafael Villavicencio, porque se negaron a participar en unas elecciones ilegales dentro del plantel y a las cuales fueron convocados los consejos comunales. "Estas personas fueron despojadas de sus cargos de coordinadores de forma ilegal, en tres ocasiones nos hemos entrevistado con Gertrudis Rodríguez (jefa de la Zona) para plantear el caso y buscar soluciones, pero no hemos recibido respuesta".
El secretario general del CPV- Lara manifestó que el grupo de personas designada como comisión para atender los casos del entorno educativo "sólo se dedica a la politiquería barata, sin defender a ningún profesional dentro de las instituciones. Nosotros no encontramos la forma de defender a esos docentes que están siendo destruidos moralmente".
También hizo referencia al caso de la profesora Fanny Parra que fue destituida de su cargo de subdirectora del Liceo Militarizado Coto Paúl, bajo presuntas falsas acusaciones.
"El grupo de operadores políticos de la Zona Educativa se ha dedicado a perjudicar a los verdaderos profesionales de la docencia que ocupan cargos de dirección en los liceos y con ello han desencadenado la destrucción de la calidad educativa, porque los profesiones que colocan en esos puestos tienen un bajo perfil académico y carecen de capacidad para dirigir las instituciones. El caso del Liceo Miguel José Sanz es un ejemplo de esta situación porque en la actualidad carece de un director".
Arroyo, en calidad de presidente del CPV- Lara, explicó que con las acciones de la Zona Educativa también atentan contra la estabilidad laboral y el derecho a la defensa. "Se levantan expedientes administrativos de forma injusta".
Rechazo generalizado
Durante su visita a este rotativo, los miembros del CPV fijaron posición de rechazo frente a la reciente entrega de credenciales a docentes egresados de la Misión Sucre por parte de la Zona Educativa.
Según Arroyo se violaron las normas que establecen que para ingresar a la administración pública es necesario la participación en concursos de mérito y de oposición. "Hacemos un llamado a la Universidad Pedagógica Experimental y al resto de las instituciones que forman docentes para se pronuncien en torno a esta situación cargada de discriminación".
De igual manera, rechazaron la institución de planteles educativos para la realización de talleres y cursos políticos, así como la incorporación de milicias dentro de las escuelas y liceos según lo establecido en la Resolución del Ministerio de Defensa.
"El Estado debería preocuparse por brindar y recuperar la seguridad en las instituciones educativas en las que se denuncia la existencia de armamento, drogas y robos".
El llamado es al respeto de la normativa laboral, la Constitución nacional, la LOE y la Ley Orgánica del Trabajo.
Como gremio se solidarizan con los enfermeros en huelga y frente a las irregularidades del sector educativo invitan a la unión de todos los sindicatos y la participación en la marcha del próximo 1º de mayo, así como en las acciones sindicales que se organicen para exigir incremento salarial del 60%.
Evitar confusión
La profesora Linda García Montserrat, secretaria del buró educativo de AD, invitó a los docentes a evitar las confusiones que puedan originarse por el contenido del Artículo 6, numeral 3, literal "e" de la LOE: "Para alcanzar un nuevo modelo de escuela, concebida como espacio abierto para la producción y el desarrollo endógeno, el quehacer comunitario, la formación integral, la creación y la creatividad, la promoción de la salud, la lactancia materna y el respeto a la vida, la defensa de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, las innovaciones pedagógicas, las comunicaciones alternas y el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, la organización comunal, la consolidación de la paz, la tolerancia, la convivencia y el respeto a los derechos humanos".
Explicó que se trata de un enfoque desvirtuado para el establecimiento de un nuevo modelo educativo que deforma el hecho educativo, disminuye la calidad y la excelencia educativa. "La finalidad de la educación es formar en saberes y valores a través de la función pedagógica de los docentes preparados para tal fin y eso es lo que deben tener claro los docentes, de forma consciente, para evitar que incurran en el error de cumplir lo establecido en ese artículo".
La colaboración de las comunidades deben aceptarse con gusto pero cada actor social deben mantenerse dentro de sus límites y funciones, sean educativas o comunales.
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