CARTA ABIERTA A LA ALTA COMISIONADA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Escribimos, los abajo firmantes, educadores venezolanos, trabajadores,
radicados en distintas partes del Estado Lara, específicamente, en el Municipio Morán, dependientes en su gran mayoría del ejecutivo nacional.
Profesores y Profesoras de los distintos niveles del sistema educativo
público nacional, nos dirigimos a usted: Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con un tono y acento de
creciente preocupación, debido a la continua, continuada, sistemática,
programada y alevosa situación, de violación de los derechos humanos;
concernientes no solamente a los trabajadores de la educación, sino
también a la población venezolana en sus distintos rincones y locaciones
del país.
Es público, notorio, comunicacional y evidente, el grado de destrucción
del sistema de derechos garantizados en la CRBV 1999, derechos como el
de la alimentación, la salud, el salario, el agua, la electricidad, la
información, el transporte, la paz, la tranquilidad y hasta el derecho a
vivir, están siendo pisoteados y violentados masivamente por un Estado
incapaz de cumplirle a su nación: un estado que pareciera más bien estar
destinado a diluirse, producto de las erróneas y erráticas políticas
diseñadas y aplicadas por la nueva oligarquía que detenta el poder.
Nosotros, los educadores del Municipio Morán, Estado Lara, envueltos en
esta crisis de la crisis, en el torbellino huracanado de la destrucción
nacional, que tiene el centro de su origen, en equivocadas políticas
públicas, hemos alzado nuestra voz de protesta, producto, como es obvio,
de la degradación, precarización y destrucción de nuestras condiciones
de vida, sino también, por la violación descarada y sin límites de los
acuerdos laborales alcanzados históricamente con el estado venezolano.
El año 2019, el Municipio Morán, Estado Lara, lo inició con jornadas de
masivas protestas de nosotros los educadores, porque la mayoría de las
clausulas laborales, acordadas en los distintos contratos colectivos que
se han firmado en la historia del magisterio venezolano, han sido
violentadas, hasta tal punto, que el salario mensual de un educador
venezolano oscila los 8$; ingresos estos, que si acaso alcanzan es para
subsistir horas por no decir minutos, en la destruida economía
venezolana, es decir, el educador venezolano, es hoy en día, una víctima
del perverso sistema de injusticia social que se ha engendrado en la
República Bolivariana de Venezuela.
Es preciso también, dejar claro, que
las condiciones en las que se encuentra la infraestructura educativa en
el municipio, y con seguridad en todo el país, es sumamente alarmante,
instituciones que años atrás eran ejemplares, hoy en día, están
totalmente destruidas, por la desinversión, la no manutención por parte
de los encargados de la educación de dichas instalaciones es clara y
evidente.
Así mismo, en las protestas hemos hecho saber, que el
funcionamiento institucional, de las escuelas, liceos, sobrecae en los
hombros de los docentes, representantes y distintos trabajadores del
sector, los cuales, se ven obligados a comprar con sus ingresos, desde
el papel que se usa en las instituciones, hasta los aliños que se le
colocan a las ya repetidas caraotas con arroz, o “moros con
cristianos", los cuales se han convertido en la irregular pero
redundante dieta de los estudiantes.
Debido a las protestas siempre pacíficas y alegres que hemos hecho este
año, se ha iniciado una ola de presiones judiciales, emanadas por un
tribunal de menores, adscrito al Estado Lara, responsabilizando a los
educadores que están protestando por sus derechos laborales, de
violentar el derecho a la educación, de los niños, niñas y adolescentes,
derecho el cual, según la CRBV1999, debe ser garantizado por el Estado.
Consideramos que dicha sentencia judicial es una vil manipulación que
amenaza el derecho a la protesta, judicializa un conflicto laboral y
trata de obligar a los educadores a laborar en condiciones inhumanas, y
según el juez que sentenció, de no acudir a trabajar a los centros
educativos, estos profesionales, pueden ser privados de libertad por
estar violando según él, el derecho a la educación: un adefesio más de
la tragedia institucional en la que las equivocadas políticas han
sumergido a el país.
Nosotros, los educadores, llenos de una profunda sensibilidad, hemos
suscrito estas líneas, con la finalidad de alarmar, alertar, a la alta
comisionada, de la degradante, precaria y angustiante situación social
en la que se encuentra el país: la nación venezolana. Así mismo,
solicitamos, que éste escrito, sea llevado, por la Dra Bachelet a la
organización encargada en la ONU de velar por los distintos derechos que
están siendo violentados, es decir, los laborales, educativos, de salud
entre otros.
Esto debido a que, el Estado en su creciente incapacidad,
solo apunta a acrecentar el deterioro y la violación de los derechos
consagrados en la CRBV1999, por eso, creemos pertinente, que no solo se
enteren de esta desastrosa situación, sino que coadyuven por medio de
las distintas oficinas y organismos multilaterales a la solución del
conflicto, así como a la protección de las víctimas de la destrucción
del estado nacional, que son los niños, niñas, profesores, profesoras,
médicos, trabajadores en general, campesinos, mujeres y adultos mayores.
Sin mucho más que decir, nos despedimos los educadores, esperando
repuestas positivas a nuestras exigencias, ya que percibimos que la
institucionalidad venezolana lamentablemente es indolente e incapaz de
asumir la grave situación en la que se encuentra el país.
