Las jornadas de protesta nacional del Gremio Educativo de este enero de 2023 tienen algunas características que son importantes señalarlas.
En primer lugar es un movimiento que nace de las mismas bases del gremio educativo. No fue una planificación de algún grupo sindical o político. Fue un movimiento llamado los “Autoconvocados” y surge como respuesta a la inacción federativa sindical educativa la cual por diversas razones no son capaces de dar respuesta a las necesidades reales de exigencia laboral de los trabajadores del MPPE.
Lo más extraordinario es que la autoconvocatoria fue vía redes sociales, Facebook, Instagram y sobre todo Twitter. Lugares virtuales donde los docentes no tienen mordaza para exponer su contradicción frente al Gobierno Patrono y las Federaciones.
Las mismas Federaciones en un principio se burlaban de quienes impulsaban las protestas y llamaban guerreros del teclado a los convocantes.
Pero la realidad les pasó por encima y el menosprecio que expresaban por los llamados a protestas se les vino encima a tal punto que quedaron en ridículo ante la respuesta de los docentes, administrativos y obreros por la gran movilización nacional.
El otro elemento a destacar es que la mayoría trabajadora se ha impuesto ante el temor sindical, los cuales no han tenido otra opción sino adherirse a los llamados de protestas. Las Coaliciones Sindicales de los Diferentes estados del país han cedido ante sus agremiados, teniendo que respaldar las movilizaciones que espontáneamente son decididas en asambleas de trabajadores y que de una manera increíble se acuerda y se repite en todo el país.
El signo distintivo en todo esto es que no hay intervención directa de ningún partido político, por lo cual el gobierno no tiene forma ni argumentos políticos para desacreditar las protestas señalándolos como opositores pagado por un gobierno extranjero. Es un movimiento muy fuerte, de mucha gente, nacional, con conciencia de clase y pacífico.
La respuesta gubernamental que le han dado a este movimiento ha venido de 2 formas: Por un lado algunos los funcionarios del MPPE han amenazado con sanciones administrativas y legales a los trabajadores del Ministerio, mandando comunicados, notas de voz, circulares y videos donde usan supuestos argumentos legales para amedrentar a los educadores y de esa manera crear pánico y con ellos mermar las protestas de calle.
Por el otro, algunos gobernadores han usado los elementos mercenarios, paramilitares, llamados colectivos, los cuales han amenazado por video a los maestros que salgan a protestar.
En un país prácticamente dolarizado, cuya inflación es indetenible, los salarios de los Trabajadores del MPPE han caído de manera abismal los últimos 3 meses. La referencia en dólares es que el promedio de docentes va de los 18$ a 30$ mensuales, es tal vez el salario más bajo en el planeta para un docente.
De allí que la política de amedrentamiento de algunos funcionarios gubernamentales no ha tenido éxito, sino que ha contado con el repudio de la comunidad educativa, padres y representantes, la cual ha respaldado las protestas docentes de forma solidaria.
La finalización y cierre de esta crisis no es fácil, ya que los venezolanos nos enfrentamos a 2 realidades muy opuestas. La del funcionario que pide resistir ante la crisis y el bloqueo que afecta los salarios y por el otro, la ostentosa e inocultable vida que los funcionarios públicos en sus diferentes niveles llevan y que niegan los argumentos del gobierno.
Más si el gobierno quisiera politizar las protestas la va a tener muy cuesta arriba. El desgaste de los últimos 7 meses del gobierno se expresa en el sector educativo. Debe cuanto antes presentar una oferta salarial adaptada a los costos de alimentación, que sea perdurable y que restituya los alcances logrados en las contrataciones colectivas (primas, HCM, deuda 280%, IPASME)
Si el gobierno no lo hace, tiene su carrera política muy corta, en total el gremio educativo somos casi 2 millones de trabajadores entre activos y jubilados lo cual tiene un peso político muy fuerte en materia electoral. No acceder a las peticiones del sector educativo le puede costar al gobierno su continuidad en Miraflores después del 2024.
