DOCENTES DE LARA LE ESCRIBEN CARTA ABIERTA A LA ALTA COMISIONADA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

CARTA ABIERTA A LA ALTA COMISIONADA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Escribimos, los abajo firmantes, educadores venezolanos, trabajadores, radicados en distintas partes del Estado Lara, específicamente, en el Municipio Morán, dependientes en su gran mayoría del ejecutivo nacional.

 Profesores y Profesoras de los distintos niveles del sistema educativo público nacional, nos dirigimos a usted: Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con un tono y acento de creciente preocupación, debido a la continua, continuada, sistemática, programada y alevosa situación, de violación de los derechos humanos; concernientes no solamente a los trabajadores de la educación, sino también a la población venezolana en sus distintos rincones y locaciones del país. 

Es público, notorio, comunicacional y evidente, el grado de destrucción del sistema de derechos garantizados en la CRBV 1999, derechos como el de la alimentación, la salud, el salario, el agua, la electricidad, la información, el transporte, la paz, la tranquilidad y hasta el derecho a vivir, están siendo pisoteados y violentados masivamente por un Estado incapaz de cumplirle a su nación: un estado que pareciera más bien estar destinado a diluirse, producto de las erróneas y erráticas políticas diseñadas y aplicadas por la nueva oligarquía que detenta el poder. Nosotros, los educadores del Municipio Morán, Estado Lara, envueltos en esta crisis de la crisis, en el torbellino huracanado de la destrucción nacional, que tiene el centro de su origen, en equivocadas políticas públicas, hemos alzado nuestra voz de protesta, producto, como es obvio, de la degradación, precarización y destrucción de nuestras condiciones de vida, sino también, por la violación descarada y sin límites de los acuerdos laborales alcanzados históricamente con el estado venezolano. 

 El año 2019, el Municipio Morán, Estado Lara, lo inició con jornadas de masivas protestas de nosotros los educadores, porque la mayoría de las clausulas laborales, acordadas en los distintos contratos colectivos que se han firmado en la historia del magisterio venezolano, han sido violentadas, hasta tal punto, que el salario mensual de un educador venezolano oscila los 8$; ingresos estos, que si acaso alcanzan es para subsistir horas por no decir minutos, en la destruida economía venezolana, es decir, el educador venezolano, es hoy en día, una víctima del perverso sistema de injusticia social que se ha engendrado en la República Bolivariana de Venezuela. 

Es preciso también, dejar claro, que las condiciones en las que se encuentra la infraestructura educativa en el municipio, y con seguridad en todo el país, es sumamente alarmante, instituciones que años atrás eran ejemplares, hoy en día, están totalmente destruidas, por la desinversión, la no manutención por parte de los encargados de la educación de dichas instalaciones es clara y evidente. 

Así mismo, en las protestas hemos hecho saber, que el funcionamiento institucional, de las escuelas, liceos, sobrecae en los hombros de los docentes, representantes y distintos trabajadores del sector, los cuales, se ven obligados a comprar con sus ingresos, desde el papel que se usa en las instituciones, hasta los aliños que se le colocan a las ya repetidas caraotas con arroz, o “moros con cristianos", los cuales se han convertido en la irregular pero redundante dieta de los estudiantes. 

 Debido a las protestas siempre pacíficas y alegres que hemos hecho este año, se ha iniciado una ola de presiones judiciales, emanadas por un tribunal de menores, adscrito al Estado Lara, responsabilizando a los educadores que están protestando por sus derechos laborales, de violentar el derecho a la educación, de los niños, niñas y adolescentes, derecho el cual, según la CRBV1999, debe ser garantizado por el Estado. Consideramos que dicha sentencia judicial es una vil manipulación que amenaza el derecho a la protesta, judicializa un conflicto laboral y trata de obligar a los educadores a laborar en condiciones inhumanas, y según el juez que sentenció, de no acudir a trabajar a los centros educativos, estos profesionales, pueden ser privados de libertad por estar violando según él, el derecho a la educación: un adefesio más de la tragedia institucional en la que las equivocadas políticas han sumergido a el país.

 Nosotros, los educadores, llenos de una profunda sensibilidad, hemos suscrito estas líneas, con la finalidad de alarmar, alertar, a la alta comisionada, de la degradante, precaria y angustiante situación social en la que se encuentra el país: la nación venezolana. Así mismo, solicitamos, que éste escrito, sea llevado, por la Dra Bachelet a la organización encargada en la ONU de velar por los distintos derechos que están siendo violentados, es decir, los laborales, educativos, de salud entre otros. 

Esto debido a que, el Estado en su creciente incapacidad, solo apunta a acrecentar el deterioro y la violación de los derechos consagrados en la CRBV1999, por eso, creemos pertinente, que no solo se enteren de esta desastrosa situación, sino que coadyuven por medio de las distintas oficinas y organismos multilaterales a la solución del conflicto, así como a la protección de las víctimas de la destrucción del estado nacional, que son los niños, niñas, profesores, profesoras, médicos, trabajadores en general, campesinos, mujeres y adultos mayores.

 Sin mucho más que decir, nos despedimos los educadores, esperando repuestas positivas a nuestras exigencias, ya que percibimos que la institucionalidad venezolana lamentablemente es indolente e incapaz de asumir la grave situación en la que se encuentra el país.